El Tribunal de Cuentas es el gran fiscalizador de los miles de millones que gasta la Administración y además analiza las controvertidas cuentas de los partidos políticos, eso sí, con gran retraso como comentamos más adelante.
El pleno del Tribunal de Cuentas está controlado por los dos grandes partidos, que son los que proponen a los consejeros. Por lo tanto el pleno se convierte en el fiscalizador del dinero público que gastan los propios partidos, lo que le hace ser objeto de deseo de políticos con propensión a gastar más de lo que ingresan y aumentar el deuda. El PP domina el pleno, ocho puestos, frente al PSOE que contiene cuatro asientos.
Asimismo el Tribunal de cuentas está formado por funcionarios de carrera, pero últimamente se están introduciendo otros miembros de otras administraciones. El Tribunal Supremo en una sentencia del pasado 3 de diciembre de 2012 desestimó dos designaciones del pleno: la del subdirector adjunto de la asesoría jurídica, Virginia de los Reyes, y del asesor económico financiero José María Gordo Moreno. La sentencia reclama más funcionarios de carrera y afirma que sobran 30 puestos que están por recomendación de los consejeros; esta práctica conlleva un alto riesgo de politización ya que este organismo es clave para detectar la corrupción. Por esta razón el Tribunal Supremo alerta de la situación que tenían en 2011 año del litigio, cuando eran mayoría los funcionarios llegados de otras administraciones 94, frente a los 89 letrados y auditores de carrera. En la sentencia se dice que de los 206 puestos que tenían dotación presupuestaria 142 corresponden a la plantilla de los cuerpos superiores, por lo que sólo podrán cubrirse por funcionarios de cuerpos de otras administraciones públicas 64 puestos, límite que se haya hoy ampliamente superado.
Existe gran malestar por esta situación entre la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas (ACLA), ya que ellos al acceder por oposición gozan de una gran independencia, no forman parte de la administración y no participan en el gestión de ningún organismo público. Además se quejan de la falta de movilidad, ya que solamente pueden trabajar en el Tribunal de Cuentas, no pueden ser destinados a otro sitio. Este tribunal, desde 1987 cuando empezó, nunca ha cubierto el tope de los letrados y auditores permitidos, mientras que no han parado de incorporarse personas de libre designación. Este año hay 174 funcionarios de cuerpos propios, y 175 de otras administraciones. Las cifras hablan por sí solas.
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